A- de 2017

Conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Superior de Manizales Sala Penal, y el Juzgado Quinto Penal del Circuito de la misma ciudad.

Considera la Corte que la actuación del precitado Tribunal fue irregular al considerar que la distribución del caso fue equivocada, como consecuencia de la indebida aplicación que hiciera la Oficina de Apoyo Judicial de las reglas contenidas en el Decreto 1382 de 2000.

Frente al particular precisa la Sala, que la jurisprudencia constitucional ha establecido, de manera reiterada, que las directrices de reparto contenidas en la norma mencionada no son motivo válido para que una autoridad judicial se declare incompetente para dar trámite a una tutela y, por tanto, no da lugar a la existencia de conflicto de competencia alguno.

Se dirime la controversia con la remisión del expediente al Tribunal Superior de Manizales, Sala Penal, para que de forma inmediata tramite y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado.

Se previene a dicha autoridad para que en lo sucesivo decida conforme a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional en materia de conflictos de competencia, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.